La petición es dirigida a la Procuraduría debido a la “ausencia de garantías de las metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio”.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Procuraduría General de la Nación que ordene la suspensión del proceso de licitación para la escogencia de un operador para los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Soledad.
La petición fue realizada a través de un oficio de 14 páginas, con fecha de 19 de agosto del presente año, que fue firmado por Néstor Urrea Duque, en calidad de director (e) de la Dirección de Apoyo Fiscal de dicha cartera ministerial.
En este documento, el cual fue conocido por este medio, se expone que la estructuración del proceso no brinda garantías para el cumplimiento de la metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación de los mencionados servicios. Además, indica que “no se adecúa a los trámites contractuales previstos en la ley”.
Igualmente, pone de presente que el agua potable cuenta con la “connotación de derecho fundamental”, aun cuando “no solo se limita a la prestación de este servicio, sino que tiene una especial incidencia en la concreción de otros derechos de protección constitucional”.
Según el Ministerio de Hacienda, las irregularidades en el proceso ya habían sido evidenciadas por el Ministerio de Vivienda en el “desarrollo de sus competencias sectoriales”.
En el documento, el Minhacienda también advierte que “las cláusulas de reversión del contrato de concesión deben cumplirse para que el municipio de Soledad pueda asegurar la adecuada prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en las condiciones de calidad, continuidad y cobertura necesarias para la población local”.
Esta afirmación se encuentra relacionada con la reversión de la infraestructura entregada a Triple A, la cual “fue dejada en desuso sin ningún tipo de mantenimiento y por esa razón actualmente es inoperable”.
El Ministerio de Hacienda también hace referencia al “riesgo directo” sobre la prestación eficiente del servicio debido a la “falta de precisión” de las áreas que se concesionan, teniendo en cuenta que Triple A reclama que “existen zonas del municipio que no son objeto de las disposiciones del contrato de concesión actual”.
Con relación a las tarifas se indica que las condiciones pueden “inducir a prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas” que pueden generar “competencia desleal”.
Minhacienda también replica la advertencia de Minvivienda sobre las reclamaciones del actual operador por deudas de subsidios: “De ser exitosas podrían afectar los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, que a la luz del parágrafo de la cláusula 38 del actual contrato de concesión determina que se pignorarán dichos recursos a la terminación para garantizar el pago de sumas originadas en indemnizaciones”.
El Ministerio de Hacienda también insta al Ministerio Público a solicitar a las partes que se “prorrogue nuevamente la fecha de terminación del contrato de concesión, fijando como plazo el que se establezca para que Triple A pueda cumplir con las cláusulas de reversión”.
Esta petición está sustentada en el hecho de que el contrato finaliza el próximo 18 de octubre y se pone en riesgo la prestación de los servicios debido a la “inexistencia de un operador”.
Garantizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Ese es el llamado que ha hecho la procuradora Margarita Cabello a las autoridades en el municipio de Soledad, en el marco del proceso de escogencia de un nuevo operador durante los próximos 25 años.
Esta solicitud fue realizada por la líder del órgano de control teniendo en cuenta que en el mes de octubre finaliza el actual contrato de concesión con la empresa Triple A y actualmente se encuentra suspendido el proceso licitatorio debido a la espera de una decisión por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico sobre una demanda de nulidad.
“El servicio debe mantenerse, independientemente de lo que suceda con relación a las discusiones jurídicas viables para mejorar el proceso de contratación de un operador para los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Soledad”, explicó Cabello durante una visita a Barranquilla para participar en un evento académico en la Universidad Simón Bolívar.
La procuradora también fue enfática al sostener que la entidad realiza un seguimiento: “Nosotros como Procuraduría estaremos atentos para que eso siga ocurriendo. Queremos que todo se haga de cara a la ciudadanía. La suspensión es una medida prudente”.
Sobre el Acuerdo aprobado por el Concejo, que entrega la autorización para comprometer vigencias futuras, Cabello sostuvo que es necesario que se tome una decisión de fondo para así determinar el futuro del proceso contractual para la prestación de dichos servicios.
“Es un tema más de legalidad y procedimientos. Nuestro procurador judicial, durante la audiencia de conciliación, dentro de su autonomía expresó la necesidad de dejar sin efectos ese acuerdo por algunos vicios que hay en el proceso. Si eso ocurre, habrá que reorganizar los procesos de contratación de acuerdo con los procedimientos adecuados”, indicó Cabello.